En el texto dejan sentado que si bien comparten la preocupación del Gobierno por buscar soluciones que mitiguen la crisis del sector salud, llaman la atención sobre los efectos negativos que, sobre la estabilidad financiera de las Empresas Sociales del Estados (ESE), tendrán las medidas tomadas a través de los decretos de la Emergencia Social.

Afirman, en primer lugar, que la crisis obedece a problemas estructurales que no se resuelven con las medidas adoptadas: "Los decretos favorecen el flujo de recursos hacia las EPS, lo cual está bien. Sin embargo la experiencia indica que estas empresas imponen toda clase de trabas y talanqueras absurdas para no pagar, o demorar el pago, a los hospitales. Ese aspecto, que mantiene a los hospitales trabajando al debe, no queda resuelto con los decretos", explicó uno de los gerentes que suscribe el comunicado.

Los gerentes, que advierten sobre la falta de especialistas en áreas como la pediatría, la medicina interna y la anestesiología, no ven con buenos ojos el hecho de que los decretos planteen que sean médicos generales, con un entrenamiento, los encargados de cubrir esa faltante, "cuando el problema de fondo radica en la falta de formación de más especialistas en las universidades", dijo el funcionario.

En el comunicado también piden que les sean devueltos a las ESE los recursos para promoción y prevención, que hace unos años les fueron entregados a las EPS, "se trata de actividades para mejorar la salud pública; estas empresas no invierten todo lo que deberían de esos recursos, porque su prioridad es la ganancia", aseguró.

Los funcionarios cuestionaron el hecho de que la contratación que las EPS tenían con ellos, y que según la ley 1122 del 2007 debía de ser como mínimo del 70 por ciento del gasto, ahora, según los decretos, no deberá superar el 60 por ciento: "Esto fomenta la práctica de las EPS de contratar con sus propias redes de hospitales (integración vertical), lo que siempre se ha identificado como una barrera de acceso y de contención de costos del sistema.

Aseguran, también, que las evaluaciones financieras de los decretos los dejan de inmediato en una calificación de alto riesgo, ad portas de la liquidación o la privatización, desconociendo que fue justamente esta condición la que generó la Emergencia.

Los gerentes concluyen su comunicación haciendo un llamado al Ministerio de la Protección Social para que en las discusiones sobre la reglamentación de estos decretos, se tenga en cuenta la participación de voceros de la red pública del país.

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